El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará este jueves en la comisión de Juicio Político, aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Al ser mayoría, el Frente de Todos tiene asegurada la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La comisión de Juicio Político que conduce la legisladora oficialista Carolina Gaillard definirá qué aval se le da a cada una de las 60 causas incluidas en los 14 expedientes que se presentaron contra todos o cada uno de los jueces, según el caso.
¿Qué hará la oposición?
A partir de la mayoría en la comisión, a Juntos por el Cambio -con 14 integrantes- sólo le queda la posibilidad de firmar un dictamen de minoría, o dos en caso de que la Coalición Cívica decida diferenciarse como consecuencia de los dos expedientes que inició previamente contra Lorenzetti.
Para evitar llegar a esa circunstancia, el presidente de esa banca, Juan Manuel López, solicitó en la última reunión que la definición de la admisibilidad se dé sobre cada causa y sobre cada juez en particular.
EN QUÉ CONSISTE EL JUICIO POLÍTICO
El expediente que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en la causal de mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
Desde la Comisión de Juicio Político, estamos trabajando con objetividad, seriedad y compromiso. Las denuncias contra los jueces de la CSJN son de gravedad institucional, lo que amerita que la Cámara de Diputados se aboque a su tratamiento. pic.twitter.com/rWHKJ7X4Ma
— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) February 2, 2023
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del "2×1″ para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
